El gobierno nacional ha presentado una iniciativa legislativa al Congreso de la República de creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Es evidente la urgencia y prioridad que debe tener la atención a cientos de miles de personas afectadas por la ausencia de planificación del desarrollo en las diversas localidades del país, que tuvo, entre otras manifestaciones, un caótico e improvisado crecimiento urbano y la ejecución de actividades productivas en espacios riesgosos, ya sea por desconocimiento, negligencia o simple irresponsabilidad -cuando no de corrupción- respecto al comportamiento de los fenómenos naturales, por parte de las autoridades a todo nivel, traficantes de terrenos, empresarios inescrupulosos y una población desesperada por tener un pedazo de suelo donde vivir y producir.
La historia da enseñanzas sobre las oportunidades aprovechadas y perdidas, luego de eventos como los que acaban de darse en el país. En el caso peruano, lamentablemente la palabra “reconstrucción” ha significado la reiteración de esa improvisación e incapacidad de los gobernantes de generar cambios esenciales que permitan no volver al lamentable estado anterior a la desgracia (que no es natural sino humana), en que se encontraba la gran mayoría de personas afectadas, sino realmente crear bases para un desarrollo con calidad de vida, sostenible, inclusivo. No hay alguna experiencia de acontecimientos afines (Ica, Pisco, Ancash, Arequipa, Nasca, Moquegua) que muestre un derrotero más positivo y halagüeño.
Ahora nuevamente se presenta la oportunidad de mostrar que se puede hacer algo distinto y aprovechar mejor nuestra inteligencia con visión de futuro, probidad, consenso, orden y planificación. Es la oportunidad de acelerar responsable y democráticamente la gran tarea pendiente de construir país, empezando por los territorios afectados por la irresponsabilidad humana que debe ser debidamente ponderada.*
En tal sentido, la Reconstrucción, si se quiere llamar con cambios, tiene que darse superando drásticamente los errores del pasado.
* Es la oportunidad de empezar a diseñar y actuar desde una perspectiva de desarrollo con enfoque territorial, planificado y organizado en función de las potencialidades y capacidades de los diversos espacios a intervenir. No se trata de levantar casas menos precarias que antes, sino de construir la vida de las personas con dignidad y calidad en la vivienda, en el empleo, en los servicios que brinde cada urbe. Se trata de poner por delante los procesos de planificación en los cuales se encuadren las medidas inmediatas y de corto plazo de atención de las demandas urgentes de la gente más afectada. Fuera de ese marco, otra vez serán acciones de corto plazo sin perspectivas de futuro y calidad de vida sostenible para los millones de personas que ya viven en condiciones precarias, aun sin hechos naturales que los afecten.
* Es la oportunidad de sumar esfuerzos desde los diversos ámbitos de gobierno (nacional, regional y local), la sociedad organizada, la inversión privada y las organizaciones políticas para actuar desde el enfoque antes mencionado, en un clima de consensos, diálogo y toma de decisiones expeditivas y responsables, con manejo transparentes. Lo urgente no está reñido con la participación, la rendición de cuentas y el control público. Actuar sin consulta, sin control público, sin involucramiento de los diversos sectores, con imposición, será más de lo mismo y favorecerá la impunidad, en un contexto en el que la corrupción constituye una lacra que corroe la mayoría de instituciones del país. Debiera contribuir también a mejorar la institucionalidad pública tan venida a menos en lugar de debilitarla más creando esa suerte de autoridades “omnipotentes”.
* Es la oportunidad para generar empleo digno para las miles de personas que se involucren en el proceso de reconstrucción. Una vez más, precarizar el empleo y ningunear a peruanas y peruanos valiéndose de sus apremios de sobrevivencia, no sólo es mezquino, sino que no contribuye con un desarrollo con calidad de vida. Igualmente, debiera permitir que miles de pequeñas empresas nacionales sean las principales favorecidas en los proyectos a implementar, diversificando las oportunidades de inversión y crecimiento económico. La desgracia humana no debiera ser el escenario de mayor enriquecimiento de un puñado de grandes empresas constructoras o financieras.
* Es la oportunidad de hacer desarrollo considerando una renovada relación de las personas con la naturaleza, aprovechando sus ventajas para un crecimiento diversificado, equitativo, y para hacer frente a los efectos del cambio climático, en un país considerado de alta sensibilidad y vulnerabilidad ambiental. Se requiere conocimiento y decisión política para las perentorias respuestas de adaptación y mitigación, que no solamente eviten los daños generados por la acción humana, sino que permitan una sostenible gestión de los recursos naturales.
La propuesta de ley entregada al Congreso no incluye estos planteamientos y puede significar la crónica de una muerte anunciada. Si el gobierno quiere mostrar cambios debiera empezar por un debate amplio, generando consensos entre los diversos actores sociales e incluyendo a los gobiernos regionales y locales. No es lo mismo que tender puentes con algunos partidos tradicionales que poco o nada han hecho por el país y su gente. Finalmente, es también fundamental que la sociedad y los empresarios reaccionemos y nos pronunciemos.
* Según la información existente, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) ya había advertido en el 2015 y el 2016 sobre la venida del Niño costero y sus posibles grandes consecuencias. Y una vez más no se tomó en cuenta estas alertas.
(Foto: www.ibuildamerica.com)
